Cuando dábamos los primeros pasos hacía la universalización de los Servicios Sociales, la crisis ha revelado con más intensidad la necesidad de que las comunidades autónomas realicen un mayor esfuerzo para la financiación de los mismos. Un trabajo que debe ir más allá de los conceptos de la Atención a la Dependencia y de las Rentas Mínimas de Inserción ya que la red de Servicios Sociales trabaja, además, con familias, menores, jóvenes, personas con discapacidad o con mayores que no están en situación de dependencia. 

Uno de los retos que tiene por delante el actual Ministerio de Sanidad y Política Social tiene que ver con acortar los tiempos de gestión de la Ley de Dependencia por un lado y, por otro, que la atención prevista en ella no se realice a costa de la reducción del débil sistema de Servicios Sociales. Se evita así el riesgo del desmantelamiento de los recursos destinados a financiar las prestaciones básicas del Plan Concertado a favor de la dependencia, ya que esto supone restar y no sumar. Hasta ahora, el Estado ha realizado muchos esfuerzos para lograr la implantación y desarrollo de la Ley y creo que, en estos momentos, debe realizar un mayor control y fiscalización a las comunidades autónomas que no cumplen su cometido con respecto a la implantación de este marco regulatorio. 

Es importante reseñar que son sólo cuatro o cinco las que incumplen, y que las consecuencias de esto las sufren, en primer lugar, las personas en situación de dependencia. No obstante, se dejan de generar puestos de trabajo en este sector tipificado como un nuevo yacimiento de empleo por la Unión Europea. Otra dificultad es la que supone diferenciar los servicios y prestaciones entre personas en situación de dependencia y autónomas a raíz de la aplicación de la Ley, como ha sucedido en Madrid, lo que hará desaparecer la ayuda a domicilio o la teleasistencia como servicios preventivos para personas mayores,  con discapacidad, pero también  para familias, a no ser que los ayuntamientos la quieran seguir financiando sin aportación de la comunidad autónoma. 

Con este panorama, los municipios más comprometidos con los derechos sociales congelan su presupuesto, otros miran para otro lado y lo reducen, a pesar de que siguen celebrando las fiestas sin pensar en la austeridad. Creo que debemos pensar y planificar a largo plazo para luego no echarnos las manos a la cabeza cuando surge algún caso en la prensa sobre menores delincuentes o ancianos que fallecen solos en su domicilio. Temas que sólo queremos atajar cambiando las leyes o aumentando la presencia policial, sin realizar un análisis de las causas, de los medios necesarios, de lo que está pasando en la sociedad, de las necesidades emergentes y de cómo se está dando respuesta. 

Creo que es hora de plantearse la necesidad de realizar un Pacto de Estado para mantener y consolidar los Servicios Sociales como inversión  generadora de riqueza y cohesión social y seguir caminado hacia su universalización .