Laura Sánchez Vázquez. Madrid

Consideramos que la subida fiscal resulta poco apropiada para la situación de crisis que afronta la economía española. Los servicios de asistencia a las personas mayores suponen un derecho y a la vez un compromiso adquirido por el Gobierno con la aprobación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La subida del IVA agravará la situación que sufren muchos ciudadanos mayores de 65 años. 

El Partido Popular ha presentado tres iniciativas diferentes para aplicar el IVA superreducido a las prestaciones y servicios en centros residenciales  a lo largo de esta legislatura y la pasada. El Gobierno, de una manera absolutamente sectaria, se negó a admitir a trámite dos de las proposiciones presentadas por nuestro partido, mientras que sí aceptó una muy similar de Convergència i Unió (CIU). Por ello, el Grupo Parlamentario Popular volvió a presentar una nueva proposición de ley el pasado 3 de abril de 2009, que finalmente fue admitida a trámite. En ella, se pidió la reducción del IVA de las residencias del 7% al 4%. No tuvimos éxito porque tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida votaron en contra. 

El grupo socialista sostiene que la reducción del IVA, en lugar de beneficiar a los usuarios, conllevaría un aumento de la riqueza para las empresas con ánimo de lucro y las residencias de carácter privado. El Gobierno no sólo se niega a reducir los impuestos, sino que los va a incrementar. Para el Partido Popular, esta postura resulta incoherente. La experiencia nos ha demostrado que, con la subida de impuestos, quien realmente sale perjudicado es el consumidor. Las personas mayores y sus familias tendrán que hacer frente a un encarecimiento de los servicios con unos recursos que continúan siendo reducidos. La relación que existe actualmente entre las pensiones medias y el coste de una plaza residencial resulta abismal. El Gobierno debería favorecer fiscalmente a las familias españolas que, ante la falta de plazas en centros públicos, se ven en la necesidad de contratar los servicios de una residencia privada. 

La media de las pensiones de jubilación no llega a los 800 euros mensuales, mientras que los precios de las residencias de mayores alcanzan hasta los 1.800 euros al mes. Teniendo en cuenta estas cifras, el Partido Popular, considera que resulta inviable y poco razonable que en un momento de crisis económica se vaya a producir una subida de los impuestos, especialmente de aquellos que se derivan de la prestación de servicios sociales. La medida que propuso la ministra Elena Salgado, que se ejecutará el próximo 1 de julio, afectará a los empresarios, a las familias y a las comunidades autónomas. Si se incrementa la carga fiscal, el consumo se retraerá, y las familias se encontrarán con mayores dificultades para acceder a servicios que resultan básicos. 

La subida de los impuestos no beneficia ni a empresarios, ni a consumidores. El Gobierno debe tener en cuenta que, a pesar de lo dispuesto en la Ley de Dependencia, la oferta actual de plazas residenciales públicas sólo es del 20%, mientras que el 80% restante corresponde a centros residenciales de titularidad privada. Esto lleva a la necesidad de que las administraciones públicas tengan que concertar plazas en las que también hay que pagar el IVA. Asimismo, la decisión de Salgado de subir los impuestos repercutirá en las cuentas de las comunidades autónomas. Si se bajan los impuestos, se crea empleo. Si se crea empleo, habrá más cotizantes; y si hay más cotizantes, podrá generarse más gasto social. 

El Gobierno debería aprender a priorizar. Las personas mayores se han visto muy perjudicadas por la crisis, a lo que se ha sumado la falta de financiación de la Ley de Dependencia, que la está pervirtiendo en su aplicación.  Por todo ello, desde el Partido Popular, consideramos que es de justicia que las prestaciones sociales más necesarias sean las que tengamos que acometer con más urgencia. De ahí nuestra insistencia en conseguir la reducción del IVA a las prestaciones y servicios en los centros residenciales. A pesar de que el Gobierno insiste en proclamarse como el partido de la protección social, los datos reflejan que esto es falso. Sólo hace falta analizar la realidad para darse cuenta de que la política social que está llevando a cabo el PSOE no funciona y no se corresponde con las necesidades de los españoles.

El Partido Popular no cesará en su empeño por conseguir la reducción del coste final de los servicios que se prestan a las personas mayores. Por ello, el pasado 19 de enero hemos vuelto a presentar otra proposición de ley para tratar de impedir la subida de impuestos planteada por la ministra Elena Salgado. Nos parece una auténtica equivocación que se lleve a cabo esta medida en la situación actual en la que se encuentra España. Uno de los puntos que volvemos a tocar en esta reciente iniciativa es, precisamente, que se aplique el IVA superreducido a los servicios de atención a la dependencia y asistencia social para discapacitados. 

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, o está establecido un tipo de IVA superreducido o no existe ningún tipo de gravamen. Además, en estos países, el gasto en protección social resulta muy superior al nuestro. Las prestaciones a la vejez y el gasto en pensiones también son muy superiores.  En España, este tipo de prestaciones son de 9.837 euros media, mientras que en Europa esta cantidad asciende hasta los 14.563. En general, estamos muy lejos de Europa en materia de política social. La subida del IVA generará una diferencia todavía mayor, y los más afectados serán los ciudadanos.