El Gobernador del Banco de España y diversos informes realizados por entidades privadas y públicas, como la Comisión Europea, han vuelto a poner sobre la mesa esta necesidad de reforma, asegurando que de no hacerlo las pensiones del mañana no están garantizadas en nuestro país. El Gobierno, por boca de la Vicepresidenta y del Ministro de Trabajo, e incluso también del propio Presidente, ha salido rápido a contrarrestar la polémica que se estaba generando, asegurando que el sistema goza de buena salud y que no debe crearse ningún alarmismo con este tema. 

Y, de hecho, una de sus reacciones fue justamente en sentido inverso, con el anuncio de un nuevo aumento en las pensiones mínimas. Este debate no es nuevo y se reproduce con más o menos crudeza cada cierto tiempo. Lo que parece irremediable, y eso es algo que reconocen todos, incluso el Gobierno, es que los partidos políticos, a través del Pacto de Toledo, tendrán que sentarse y debatir concienzudamente acerca de esta reforma, proponiendo soluciones efectivas y llegando a un gran acuerdo nacional alejado de las pugnas partidistas y pensando en el interés público y en la disponibilidad de nuestros presupuestos. 

Encima de la mesa hay asuntos polémicos, pero que ya están empezando a aplicarse en otros países, como el retraso de la edad de jubilación, el cambio en el cómputo de los años y bases de cotización, el propio aumento de las cotizaciones o la complementariedad entre el sistema público y las aportaciones privadas. Las previsiones más optimistas, o las más pesimistas quizás, dicen que tenemos las pensiones aseguradas hasta el año 2026.

Puede parecer una fecha muy lejana pero, en términos económicos y de previsión política, esto está a la vuelta de la esquina. La hucha del Estado no es ilimitada y la adopción de medidas que van aumentando progresivamente el nivel de gasto público puede ir mermando la capacidad de la administración de garantizar las pensiones tal como las conocemos hoy día. Y todo ello en un contexto, no se debe olvidar, en el que cada vez hay más personas mayores y, por tanto, mayor número de jubilados con derecho a esta prestación.