Como explicó la ministra, la Ley de Dependencia prioriza la concesión de servicios y sólo con carácter “excepcional” se ofrecerá una prestación económica. Sin embargo, “la realidad que nos hemos encontrado es que muchas personas que recibían atención en su domicilio han expresado su deseo de continuar así”, afirmó Jiménez. Esta postura responde, en opinión de la ministra, a la “tradición cultural” y a una “estructura de Servicios Sociales preeexistente que no ha facilitado el cambio de modelo”. 
  
Estas explicaciones se produjeron como respuesta al diputado de CiU, Carles Campuzano, quien afirmó que la concesión de prestaciones económicas “va en contra de una política que pretende general empleo” y se corre el riesgo de que se convierta en una “renta complementaria” o una paga más que reciben los familiares de personas dependientes, “pero que no genera la calidad de vida ni los servicios que se deberían desarrollar”. 
  
Según Campuzano, pensar que con el tiempo se corregirá esta situación es “una ingenuidad”, ya que “dependerá de las políticas que se impulsen para fortalecer las iniciativas privadas” y de las medidas encaminadas a crear empleo. 
  
En este sentido, Jiménez detalló que el sector de la dependencia ha generado, hasta el momento, más de 112.000 puestos de trabajo directos: 43.000 en servicios residenciales, 38.700 relacionados con  la ayuda a domicilio, 16.500 empleos asociados la prestación vinculada al servicio, 9.250 en centros de día y más de 500 en servicios de teleasistencia. Por otro lado, la ministra señaló que 115.000 personas se han dado de alta en la Seguridad Social como cuidadores no profesionales.