La coincidencia de la aprobación de esta norma pionera con un ciclo económico bajo ha pervertido su esencia y ha dado pié a una serie de interpretaciones poco fieles a la realidad del texto. Su consecuencia más evidente ha sido la proliferación del cuidador informal o familiar en un periodo de implantación que engloba –o debería englobar únicamente- a dependientes graves o severos.

Encauzar esta situación y reconducir los errores de estos dos primeros años constará mucho tiempo, si bien, no es el único reto al que se enfrenta el sector. La actual oferta sociosanitario debe evolucionar hacia recursos complementarios, más flexibles y adaptados a las necesidades de dependientes que no necesitan una plaza residencial, pero que sí requieren de cuidados profesionales, rehabilitación y/o una oferta asistencial adaptada a necesidades puntuales.

Es necesaria una “reflexión” sobre el modelo sociosanitario que queremos que se consolide en España para los próximos 20 años. 

La configuración de la futura red pública debe compatibilizar su oferta con los centros y servicios que ya operan en este sector, con el objetivo de garantizar la mejor cobertura geográfica posible y la libertad de elección de centros por parte del usuario. Esto no significa que los dependientes deban reorientarse exclusivamente a centros residenciales, sino que opten por la amplía gama de servicios que garantizan su atención eficiente y profesional. Por supuesto que, como expertos en la atención a personas en situación de dependencia, somos los primeros que defendemos la permanencia del usuario en su domicilio y/o entorno familiar siempre que sea viable, complementando la atención y cariño de sus familiares con la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia o los Centros de Día, por ejemplo. No obstante, no podemos plantear esta opción para las personas con dependencia severa o grandes dependiente, ya que éstos necesitan de cuidados profesionales las 24 horas del día. Y, además, éste colectivo es el que, hasta la fecha, entra en los plazos de aplicación de la Ley de la Dependencia, que no olvidemos que no atenderá a toda la tipología de ciudadanos que entran en su definición hasta 2014.

La evolución natural de la oferta nos lleva a la flexibilidad y a explorar nuevos ámbitos asistenciales. Esta reorientación de la gama de servicios permitirá que el cuidador informal deje de ser una alternativa para el dependiente, si bien, esto pasa también por que la Administración –central y autonómica- implemente las mismas medidas de control para esta figura que para las empresas del sector.