Maribel Bermúdez. Madrid

Sin duda, un reconocimiento a un trabajo realizado durante varios años. Este galardón supone también una distinción a toda una línea de investigación cuyo objetivo estriba en avanzar en el conocimiento del cuidado que reciben las personas mayores dependientes en España. 

Se trata de un tema al que, hasta hace poco, apenas se le dedicaba atención y que hoy contiene una relevancia social incuestionable debido, fundamentalmente, a la dinámica demográfica. Tanto el cuidado formal como el informal sientan las bases para contribuir a la riqueza social y económica de nuestro país, pero también generan conflictos y problemas en su  negociación y distribución. En mi opinión, la medición de la dependencia resulta complicada y requiere de avances desde un punto de vista estadístico. Por tanto, se requieren esfuerzos para cuantificar a las personas dependientes, en qué situación se encuentran, quien les proveen de apoyo y qué tipo de asistencia reciben. 

Según los resultados del estudio, que realizamos justo antes de la aplicación de la Ley de Dependencia, el 83% de los mayores con necesidades de apoyo en España recibe cuidado no profesional, frente al 13% que dispone de prestaciones asistenciales privadas y el 7% que cuenta con el respaldo de los Servicios Sociales. Los datos de la investigación reflejan, además, que no todos los grupos sociales participan del mismo modo en el cuidado informal y que existe una distribución desigual a la hora de asignar las responsabilidades de este tipo de tareas. También encontramos que esta figura se encuentra vinculada a las mujeres, a los parientes más cercanos, a la inactividad laboral, a las áreas rurales, a las redes sociales reducidas, así como a los niveles socioeconómicos medios y medio-bajos. Por otra parte, en el informe se pone de manifiesto la cantidad de tiempo que se invierte, no sólo en atención directa en el hogar, sino en otras cuestiones domésticas que se derivan de la realización de este trabajo. Además, se extrae como conclusión relevante que el 36% de estos cuidadores no ejercen por iniciativa propia. Es decir, se ven abocados a esta tarea por una decisión familiar u otras circunstancias y, por tanto, trabajan con algún tipo de presión. Esto influye, sin duda, en su calidad de vida. 

Desde mi punto de vista, según los resultados del estudio prevalece la percepción social de que las mujeres son más eficaces a la hora de asistir a una persona con problemas de dependencia. Se entiende que son más competentes y parece que no requieren tanta ayuda como los hombres para llevar a cabo estas tareas. 

El mayor reto para el cuidador informal reside en disfrutar de una labor que puede resultar muy gratificante, si mantiene su calidad de vida. En el caso de los profesionales cualificados, éstos deben ajustar sus servicios, en la medida de lo posible, a las necesidades tanto de la persona dependiente como de su entorno social y, para ello, requieren de una formación adecuada pero también sentido común, predisposición, cariño, esfuerzo y preocupación.

Me parece una afirmación arriesgada. Los cuidadores informales existirán siempre ya que forman parte de la realidad humana. La labor que desempeñan no debe confundirse con la que realizan los profesionales que intervienen a partir de donde no llega la familia, es decir, cuando las tareas de cuidado exceden de sus capacidades. 

Los profesionales de la asistencia se encuentran cada vez más presentes tanto en los hogares como en las instituciones o residencias. Hace unos años parecía que el sector formal iba a ganar terreno al informal y, aunque se mantendrá esta tendencia, creo que los cuidados no profesionales no desaparecerán. La familia, en una situación de crisis como la actual, participa más en la asistencia a sus mayores ya que no pueden permitirse sufragar una residencia u otros servicios. Pero, aún en el caso de que la cobertura de servicios públicos de atención fuera universal, el cuidado en el hogar seguiría siendo, en mi opinión, el protagonista de la atención al segmento senior.

Es una iniciativa política positiva pero también ambiciosa para garantizar su aplicación. Es necesario dotar a la Ley de Dependencia de muchos recursos y, sobre todo, conseguir una mayor coordinación y una unificación de criterios entre las diferentes administraciones públicas autonómicas y locales. Uno de los problemas de una Ley como esta, reside en las expectativas que genera en la opinión pública. De las leyes a la realidad social, existe un largo camino por recorrer.

Establecer derechos y deberes en torno al cuidado, así como promover la libertad de las personas involucradas en esta tarea. Esto implica, en la medida de lo posible, escuchar a los propios dependientes  cómo desearían ser cuidados y tener en cuenta el contexto y la opinión de quienes les rodean. Para ello, se propone adecuar los servicios y la disponibilidad de recursos a los casos particulares según la situación de dependencia. También creemos que resulta esencial aumentar el número, la diversidad y la flexibilidad de los servicios y las prestaciones, así como desarrollar en profundidad aquellos recursos que promuevan la independencia de los mayores.