La Unió Catalana d’Hospitals quiere ayudar a definir este modelo, al menos en Cataluña, su ámbito geográfico de actuación y representación. Con este objetivo presentó hace unas semanas un decálogo en relación con el modelo de atención social para las personas dependientes. En el documento, planteábamos la necesidad de apostar por un modelo sostenible que se apoyara en un incremento de la colaboración público-privada, en el que tuviera cabida la libre competencia junto a una mejora de la productividad y de las condiciones laborales del sector. 

Añadíamos también la necesidad de introducir un trato fiscal favorable al seguro privado, entre otras medidas. Huelga decir que a fecha de hoy los avances son muy limitados. Pero a la lentitud se añade un nuevo, y quizás mayor, foco de preocupación. No cuestionaremos nunca a la Administración su papel como garante del servicio, incluyendo su financiación, planificación, acreditación y evaluación de entidades y servicios. Pero todo indica que se quiere ir un paso más lejos en la prestación de servicios. La creación de consorcios y empresas de titularidad pública es una herramienta con la que la Administración puede disimular la creación de monopolios de facto en la prestación de servicios. Monopolio que siempre irá en detrimento de la capacidad del ciudadano para escoger libremente.

Además, al limitar la competencia efectiva, es irremediable que acabe perjudicando la calidad de los servicios y el coste de los mismos. Paradójicamente, la experiencia dice que estas herramientas en manos de la Administración tienden a desdibujar la transparencia que ha de presidir el funcionamiento y las decisiones de todos los poderes públicos. Todo ello nos lleva a pensar que la Administración cae repetidamente una y otra vez en la mala praxis de hacerse la pregunta equivocada cuando se refiere a los servicios públicos. 

Persiste reiterada y obsesivamente en poner el acento en la titularidad del prestador de servicios cuando la cuestión realmente pertinente ha de referirse a la calidad y optimización de unos recursos que siempre son limitados. La pregunta, si queremos beneficiar al ciudadano, no es “¿quién da el servicio?” sino “¿cómo lo presta y cuánto nos cuesta?”, todo ello avalado con indicadores públicos de medida. Nada es por ahora irreversible. Hay tiempo, cada día menos, para avanzar hacia un modelo razonable y moderno que sitúe la libertad y capacidad de elección del ciudadano en el vértice de un modelo de garantía pública que tiene que asegurar el bienestar de millones de personas.