A mediados de verano, cuando todos nos preparábamos para disfrutar de unas tranquilas y más que merecidas vacaciones, llegó una noticia en forma de jarro de agua fría de manos del secretario general de presupuestos y gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas. En un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, venía a decir que, “en principio”, el gasto en materia de dependencia “se va a congelar en 2010”.
Según sus propias palabras, “no está proyectado que podamos incrementarlo”, reconociendo así que esto podría suponer una “parada” en el desarrollo de la Ley. Pocos días después, el IMSERSO tuvo que apresurarse para corregir estas afirmaciones, diciendo que todavía no había nada decidido y que, en cualquier caso, el desarrollo de esta norma es objetivo prioritario para el Gobierno. Pero la duda ha quedado en el aire y, si algo no necesita este sector, son más incertidumbres. Porque hay que recordar que, desde la aprobación de la ley, no hemos dejado de trabajar en medio de incógnitas y de promesas que, tristemente, no terminan de hacerse realidad.
El marco normativo que debe regular nuestra actividad, lejos de unificarse y clarificarse, está convirtiéndose cada día más en un puzzle autonómico muy difícil de gestionar. Y la financiación, verdadero caballo de batalla en estos últimos meses, sigue siendo un asunto espinoso del que nadie parece querer responsabilizarse. El nuevo modelo de financiación autonómica tampoco parece haber calmado las aguas y tendremos que ver con el tiempo si sirve efectivamente para proporcionar los fondos que las comunidades necesitan para garantizar los servicios básicos, entre ellos la atención a la dependencia. Porque no nos olvidemos, como nos hemos cansado de repetir desde numerosas instancias, que una buena ley puede ver mermados sus logros si no está acompañada de los recursos necesarios para ponerla en marcha.
Esperemos finalmente que los vaticinios del secretario general de Hacienda no se hagan realidad y que el debate presupuestario que va a iniciarse este otoño no deje a un lado la necesidad de seguir apostando por la Ley de Dependencia. Otra cosa será abordar otro debate financiero que sigue soterrado pero que amenaza con explotar en cualquier momento y es el de la financiación de los ayuntamientos, que con la crisis están viendo mermada su capacidad de afrontar aspectos tan importantes de la ley como la atención domiciliaria.
Sin duda, la financiación de la dependencia sigue siendo un elemento central del debate político. Confiemos en que los grupos parlamentarios logren encontrar las respuestas que se necesitan en la actualidad.